Elba Esther, ¿un mal necesario?

Numerosas voces, de manera destacada entre ellas, las que son guías de la corrección política y la edificación moral de la democracia, coinciden en que Elba Esther Gordillo, presidenta del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) es un obstáculo para el progreso educativo del país. Es difícil no estar de acuerdo con ellas por las buenas razones que hay en sus argumentos, más allá de sus expresiones viscerales (que si es fea, que si se hace cirugías plásticas, que ojalá se muera pronto, etcétera).

Con esas voces coinciden todos los opositores al gobierno de Felipe Calderón, en buena medida porque ella operó electoralmente a su favor a cambio de una coalición de gobierno en forma de cuotas de poder. También tienen razón: es un sindicato que realiza intenso y extenso trabajo político, que inclusive ha formado su propio partido, por lo cual está más enfocado a la procuración del poder que a mejorar la calidad de la educación. De modo que la presidenta del sindicato es de facto la lideresa de una fuerza política importante por su capacidad de influencia y decisión. Pero resulta que así son los sindicatos y así son los disidentes dentro del propio SNTE, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), un auténtico poder fáctico, tan antidemocrático como la dirigencia nacional y más pernicioso para la calidad de la educación.

¿Pero es una persona el problema? ¿Esta mujer tiene raptada a la educación de la nación y una vez que ella quede fuera de la jugada, México estará en plenas y óptimas condiciones para alcanzar a los países escandinavos en sus niveles de educación? Si la causa del atraso educativo es una persona, entonces hay que quitarla a la buena o a la mala, puesto que es un objetivo tan importante que condiciona al destino mismo del país y su población, así lo merece en razón de Estado.

El punto es que el problema no es una persona, sino, valga la expresión, la estructura (el conjunto de reglas y recursos). Antes que Gordillo fue Jonguitud, ¿Y después de Elba Esther, quién o qué? ¿La gloria o un peor infierno? ¿La utopía o la distopía o nada? Si la estructura no cambia, la respuesta es que vendrá alguien con más o menos virtudes y defectos que favorezcan o desfavorezcan el progreso educativo, y luego alguien más. Si de lo que se trata es de cambiar la estructura, entonces se necesita reformar o renovar la institucionalidad del sindicalismo magisterial de tal modo que se acote el poder político de su dirigencia y se le reste capacidad de obstaculizar los procesos de mejoramiento de la calidad de la educación.

Esto, lo estructural, ¿quién lo va a hacer o quién lo tiene que hacer? ¿El presidente de la República, el Congreso, los tribunales laborales o penales, las distintas corrientes sindicales, la propia dirigencia sindical, el profesorado, la sociedad civil organizada o desorganizada, o un conjunto de actores con distintas tareas y responsabilidades? Pero queda pendiente una duda, una ecuación sin despejar: ¿el cambio estructural del sindicato, las reformas institucionales, garantizan una mejoría en la calidad de la educación? ¿Está fundamentado ese supuesto?

¿Cuál es la propuesta, cuál es la alternativa? ¿Una nueva dirigencia impuesta desde el gobierno, entregar la dirigencia a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE)? ¿Partir al sindicato, fragmentarlo, forzarlo a democratizarse? ¿Es posible, es viable, es legal, correspondería a un Estado democrático que se rige por el derecho? Por la buena no van a derrotar a La Maestra. Es decir, no va a perder una elección en un congreso nacional del sindicato. ¿Entonces?

Las posibilidades de un cambio forzado en la dirigencia son: el chantaje (como se decidió el destino de Jonguitud) en la Secretaría de Gobernación o el quinazo, o sea, la detención y encarcelamiento de La Maestra con orden de aprehensión de la Procuraduría General de la República (PGR). Quienes prometen justicia y no venganza, estarían obligados a actuar legalmente y por medio de una fiscalía, ¿pero por cuál delito? Todo el dinero que recibe la dirigente del sindicato y los recursos que controla es obtenido o usufructuado legalmente. En el caso de La Quina fue por posesión ilegal de armas.

Que el gobierno intervenga al sindicato nacional de maestros equivale a que lo hiciera con un partido político. Por ejemplo, el Partido del Trabajo (PT), que mantiene, desde su fundación, hace 20 años, el liderazgo de Alberto Anaya, quien se ha beneficiado de manera particular durante todo este tiempo no sólo con las posiciones en las listas electorales para permanecer como legislador en una u otra cámara sino por el control de los recursos del partido, es decir, de su presupuesto. Parece un partido con una vida democrática interna muy limitada, pero eso no basta ni justifica que el gobierno intervenga en él para hacerlo democrático, con todo y que se trata de una institución de interés público y mantenida exclusivamente con gasto público. Pues algo así pasa con el SNTE, que el gobierno no podría intervenir en su democratización, salvo que las leyes cambiaran y los sindicatos estuviesen obligados a otros procedimientos de elección de dirigencia, los periodos de duración y los límites de reelección. Entonces veríamos si alguien le podría ganar o no una elección a la actual dirigente o si ella podría ceder la sucesión a quien mejor le conviniera.

La Maestra personifica todos los males del sindicalismo y el régimen autoritario: la corrupción, el enriquecimiento ilícito, el tráfico de influencias, la captura del Estado, los intereses de grupo, los acuerdos cupulares y muchos etcéteras. Es la bruja del Oeste y la que lleva la manzana envenenada, pero es también la que le ha dado a los normalistas condiciones de vida, en promedio, por encima de otros profesionistas, la que ha logrado mejoras salariales convenientes y ventajosas para todos sus agremiados, tanto así que los disidentes no quieren que el sindicato se divida, saben que en su gigantismo está su fortaleza y su capacidad para obtener más y mejores recursos: más salario, más prestaciones, más plazas que pagan cuotas, más poder para negociar posiciones. La opción de dividirlo, para debilitarlo, parece inviable. Por cierto, fue un error de la asesoría de Héctor Aguilar Camín y varios de sus camaradas, haberle sugerido al presidente Carlos Salinas de Gortari la federalización de la educación, pues el resultado ha sido que hay autoridades estatales débiles frente a secciones sindicales fuertes respaldadas por una estructura nacional.

El mejor sindicato no es el más democrático ni el que cumple mejor con los intereses de los patrones o los clientes, sino el que da los mejores y mayores beneficios a sus agremiados. En este caso y en este sentido, la dirigencia de Gordillo Morales ha sido buena. Aun así no ha sido un muro opositor a los procesos de mejoría de la calidad de la educación, pues el hecho es que está su firma tanto en el Acuerdo Nacional por la Modernización de la Educación Básica, de 1992, como en la Alianza por la Calidad de la Educación, de 2008.

Que los disidentes se digan democráticos, no quiere decir que realmente lo sean. Su concepto de democracia está subordinado a la ideología marxista-leninista. Sus íconos son genocidas como Lenin y Stalin, de modo que cuando ellos dicen democracia se refieren a una dictadura del proletariado comandada por sus dirigentes (los líderes seccionales), cuando hablan de calidad de la educación se refieren a una que se opone a todas las tendencias en lo que se refiere a evaluación, competencias y certificación de la calidad. El riesgo es que la educación que hay en Oaxaca, con esa dirigencia sindical, sea la que se vuelva nacional: el gobierno de lo peor, especialmente si algún candidato a la Presidencia establece un compromiso al respecto y resulta ganador de la elección. Se perderían así los incipientes avances que se han logrado en evaluación y la selección del profesorado por concurso de oposición en convocatoria abierta.

El gran ausente y a la vez beneficiario de todos estos llamados a linchamiento a la lideresa magisterial, ha sido el secretario de Educación Pública, el titular de la autoridad educativa. Y es, precisamente, el sujeto clave para promover la mejoría de la calidad de la educación, el primer responsable y el que debe rendir cuentas al respecto.

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