¿Derecho a la educación superior?

Quienes protestan porque las instituciones de educación superior no tienen cupo para todos los que solicitan su ingreso a ellas, y por la abundancia de “estudiantes rechazados” mediante exámenes de admisión, deberían dirigir su inconformidad contra procedimientos inequitativos y discriminatorios como el del pase automático que mantiene la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) a favor de los matriculados en sus bachilleratos, el cual sí constituye una auténtica violación a los derechos humanos, de acuerdo con las declaraciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en la materia: sólo el mérito —buenas calificaciones y exámenes— es la base para la admisión a estudios universitarios en Cuba, Finlandia, Suecia y casi el resto del mundo. Y no hay razón para que deje de serlo.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos consigna en el párrafo 1 de su artículo 26: “Toda persona tiene derecho a la educación”. La que es de nivel elemental o básica debe ser obligatoria y gratuita, pero tratándose de nivel superior el acceso deberá ser “igual para todos, en función de los méritos respectivos”. De modo que a nadie se le debe negar la inscripción, por ningún motivo, a lo que en México es en conjunto la escuela primaria y la secundaria, e inclusive el Estado tiene la obligación de garantizar que todos puedan cursarlas; pero ingresar a las universidades a estudiar una licenciatura es un derecho limitado a la igualdad de oportunidades, a que no haya discriminación entre quienes así lo soliciten; derecho condicionado a criterios de mérito, los cuales no son otros que requisitos académicos, como, en concreto, haber obtenido un certificado de bachillerato con alguna calificación mínima o la aprobación de una evaluación de conocimientos o aptitudes. No un derecho, pues, sino un servicio público.

La Declaración Mundial Sobre la Educación Superior en el Siglo XXI: Visión y Acción, de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, por sus siglas en inglés), del nueve de octubre de 1998, recupera estos principios. En su artículo 1 “reafirma” que la misión fundamental de estos estudios es “contribuir al desarrollo sostenible y el mejoramiento en conjunto de la sociedad”, para lo cual debe “formar diplomados altamente cualificados y ciudadanos responsables, capaces de atender a las necesidades de todos los aspectos de la actividad humana”. De modo que las instituciones de educación superior sólo pueden estar en condiciones de cumplir con esta misión si se han asegurado de que su matrícula de estudiantes haya aprobado un mínimo de méritos académicos que les permitan comprender y desarrollar “conocimientos teóricos y prácticos de alto nivel”. Por lo tanto, el derecho no es a ser inscrito a una universidad porque así se solicite, ni en razón de ser joven ni de ser pobre, sino a “la igualdad de acceso”, a que en éste no haya “discriminación fundada en la raza, el sexo, el idioma, la religión o en consideraciones económicas, culturales o sociales, ni en incapacidades físicas” (artículo 3). Así, el llamado “pase automático” sería una discriminación fundada en una consideración social.

Pero ¿qué debe proceder cuando haya una demanda muy amplia y estén limitados los espacios universitarios? La misma Declaración (artículos 3 y 8) da varias orientaciones: siempre se debe dar preferencia por méritos y, en especial, a la diversificación, es decir, a “nuevos tipos de establecimientos de enseñanza postsecundaria, públicos, privados y no lucrativos, entre otros. Esas instituciones deben ofrecer una amplia gama de posibilidades de educación y formación: títulos tradicionales, cursillos, estudios a tiempo parcial, horarios flexibles, cursos en módulos, enseñanza a distancia con ayuda, etcétera”.

De acuerdo con la misma Declaración, la educación superior es un servicio que presta el Estado, y sobre ella “conserva una función esencial” en cuanto a su financiamiento, lo cual requiere también que sea de fuentes privadas (artículo 14). Esto quiere decir que el Estado debe contribuir de manera importante en la medida de sus capacidades y sus finanzas, pero no es un derecho exigible a éste como una obligación, dado que su prioridad es la educación básica y en segunda instancia la educación media superior o de segundo ciclo. La responsabilidad del financiamiento de la educación superior debe ser “de la sociedad en su conjunto”, incluyendo a los estudiantes y a las familias. El documento de la UNESCO no sólo abre la posibilidad del pago de cuotas por parte de los beneficiarios de este servicio que presta el Estado, sino que lo establece como un deber. De modo que la educación básica debe ser gratuita, pero no necesariamente la superior.

EQUIDAD Y JUSTICIA SOCIAL, COMPATIBLES CON EL MÉRITO

El país con los mejores resultados en evaluación de su educación en el mundo es Finlandia, que también es el de mayor nivel de desarrollo y el más equitativo. Pero allí la mayoría no cursa estudios universitarios y sólo ingresa uno de cada tres de quienes presentan examen de admisión, según reportan las estadísticas de su Ministerio de Educación. No hay protestas de esos “rechazados” ni líderes que los organicen como grupo de presión. La fortaleza del sistema de educación superior finlandés es su integración al campo de trabajo, a las empresas y los gremios, en modalidades de técnico superior o profesional asociado, no tanto por las licenciaturas.

En Suecia, otro país con los mejores resultados en educación y el índice constante más alto en desarrollo humano del mundo, 30 por ciento de su población entre 30 y 64 años de edad tiene estudios de dos años o más de educación superior, de acuerdo con información estadística de su Ministerio de Educación. (México, por cierto, acaba de lograr una cobertura de 31 por ciento entre lo que considera su población en edad de cursar estudios superiores —19 a 24 años de edad—, según informó el presidente Felipe Calderón). El punto es que sobre la base de una excelente educación básica y de bachillerato, Suecia tiene un riguroso y equitativo proceso de admisión a los estudios universitarios. La sociedad sueca no aspira a que todos sean licenciados ni le hace falta para ser una sociedad sumamente equitativa.

Ni siquiera Cuba ha logrado una cobertura universal de educación superior, pues su matrícula es cercana a 60 por ciento de la población en edad de cursarla. El derecho no es irrestricto, puesto que hay requisitos generales para ingresar a ella, como haber cumplido el servicio militar, más los que cada facultad o escuela profesional determine particularmente: “Tienen derecho a ingresar a la educación superior todos los ciudadanos residentes permanentes en Cuba poseedores del nivel medio superior, que reúnan los requisitos exigidos para cada tipo de curso”, según su respectivo Ministerio de Educación. Nadie puede llegar a las universidades cubanas exigiendo que lo admitan sin cumplir los requisitos. Por ejemplo, para estudiar Ingeniería Química en la Universidad de La Habana hay que tener un promedio de nueve, al menos, en los estudios de preparatoria, y acreditar exámenes de Historia, Matemáticas y Español, iguales para el ingreso a todas las carreras, y acreditar exámenes especiales en Química, Matemática y Física. Es difícil, realmente difícil. Y no se puede ingresar por sorteo en consideración a que el aspirante es pobre o que ha sufrido, ni por insistencia —porque haya reprobado varias veces en los intentos de admisión. (Por cierto: según sus estadísticas oficiales actuales, el gasto educativo en Cuba es de 22 por ciento de su Presupuesto de Egresos, menor al de México).

IZQUIERDA Y EDUCACIÓN SUPERIOR

Históricamente, el Partido de la Revolución Democrática ha tenido un “sector estudiantil” en su seno, de modo que recompensa con posiciones de poder a los líderes de los movimientos de protesta contra supuestas “privatizaciones” o efectos perversos de “políticas neoliberales” en la educación superior, como son el cobro de cuotas o, precisamente, los exámenes de admisión. Un ejemplo es el de la diputada federal por elección plurinominal (2009-2012), Leticia Quesada Contreras, quien inició su carrera política como “representante de estudiantes rechazados en la Mesa de Negociación con la Rectoría” del Movimiento de Estudiantes Rechazados de la UNAM, tras lo cual ingresó a la Dirección General de Gobierno del Distrito Federal como “concertadora política”. Desde entonces continuó como funcionaria pública allí y en la Delegación Magdalena Contreras, hasta que en 2006 fue electa diputada local en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

Los militantes de la izquierda local, nacional, de tanto repetir discursos sobre el tal derecho a la educación superior irrestricto —falso, por carecer de fundamento—, sin condición por mérito, han venido inventando una causa o bandera social que parece encomiable o justa, a la vez cuestionando la legitimidad y eficacia del gobierno federal. Sin embargo, es incongruente tanto con la marxista Cuba como con el socialismo escandinavo. Las propuestas para el desarrollo de una izquierda moderna, como la del británico Anthony Giddens, plantean que la socialdemocracia contemporánea, pretendida por varias de las burocracias partidarias en México, se debe fundamentar en un nuevo contrato social: ningún derecho sin responsabilidad.

La “tercera vía” se postula como de “izquierda”, en cuanto tiene por objetivo reducir la desigualdad y procurar la justicia social, pero no pretende el igualitarismo (todos iguales en todo), sino la igualdad de oportunidades, que no es lo mismo A diferencia de los izquierdistas locales que por ignorancia, por convicción o por conveniencia no hablan de los deberes de los individuos, la socialdemocracia moderna pone el énfasis en la responsabilidad de cada uno, pues en lugar de que el Estado tenga obligación de garantizar alimento, vivienda y vestido, debe asegurar que cada quien pueda obtener estos bienes por su propio esfuerzo y pone énfasis en la educación de excelente calidad como la clave para su viabilidad. Nunca, por supuesto, abaratando o cancelando el mérito académico.

  

Foto: Notimex

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