¿Derecho a la cultura?
No existe el derecho a la cultura, como no existe el derecho a amar ni a pensar. Así como no existe el derecho a respirar sino a vivir en un (medio) ambiente no contaminado (sano); existen el derecho a formar una familia y el derecho a expresar libremente las ideas como el derecho a la libertad cultural, que es la capacidad de elegir las identidades propias, a conservarlas o cambiarlas. (Véase: PNUD, Informe sobre Desarrollo Humano 2004. La libertad cultural en el mundo diverso de hoy, México, PNUD-Ediciones Mundi-Prensa, 2004.)
¿Cuáles deber ser las responsabilidades del Estado en cuanto a la libertad cultural?
Si al Estado le corresponde la defensa y promoción de los derechos humanos, entonces el derecho a la libertad cultural se defiende proscribiendo la exclusión cultural, que es la discriminación en oportunidades por motivos de identidad, sea por profesar una religión, por hablar o no hablar una lengua y por realizar determinadas prácticas culturales. La promoción de este derecho es más complicada y consiste en favorecer las condiciones que permitan a las personas el ejercicio de su libertad cultural.
¿Cómo debería el Estado promover la libertad cultural?
Las definiciones más recientes de cultura y aceptadas por los académicos especialistas son las que se adscriben a una concepción semiológica, como “el conjunto de los procesos sociales de producción, circulación y consumo de la significación en la vida social” (Néstor García Canclini, Diferentes, desiguales y desconectados, Barcelona, Gedisa, 2004). Bajo esta concepción las políticas públicas para promover el derecho a la libertad cultural deberían orientarse al fomento de las industrias culturales.
¿Por qué hay instituciones del Estado como Conaculta?
Aunque la concepción semiológica de la cultura es la más aceptada, persisten otras definiciones relativas a la concepción eurocéntrica, por un lado, y, por otro, las relativas a la concepción etnocéntrica. La primera reduce la noción de cultura al estilo de vida y del buen gusto característico de las clases altas de las que fueron las potencias colonialistas y hoy puede llamársele el Occidente moderno; mientras que la segunda reivindica los estilos de vida y costumbres de los pueblos colonizados, como los indígenas. Estas concepciones subyacen respectivamente en las dos instituciones del Estado mexicano más importantes para la cultura: el Instituto Nacional de Bellas Artes y el Instituto Nacional de Antropología e Historia. El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta) existe entonces como un organismo coordinador del conjunto de las instituciones y programas gubernamentales que atienden a estas concepciones, pero que procuran darle un matiz nacionalista o de significación en la construcción y renovación de la identidad nacional. ¿Qué tanto sirven estas instituciones y otras tantas a la promoción del derecho a la libertad cultural? Es una pregunta abierta.
¿Por qué el Estado gasta en instituciones y programas para la cultura?
Si el Estado auspicia instituciones que defienden y promueven la libertad cultural, se justifica que con gasto público se mantengan. Pero hay otros fundamentos no exentos de bagaje ideológico o moral, sea por la convicción en un proyecto nacional, dado el cual el Estado tiene que conservar el patrimonio que mantiene y refuerza la identidad nacional, o porque se supone que hay un conjunto de bienes y prácticas culturales que poseen características tan valiosas que merecen ser disfrutadas por todos, y que sin su intervención no habría la posibilidad de ello para la mayoría.
¿Cómo debe constituirse la masa presupuestal del gasto público para cultura?
Que las instituciones culturales deban mantenerse principalmente con gasto público involucra a los tres niveles de gobierno: federal, estatal y municipal, de modo que es una responsabilidad que debe ser compartida. ¿En qué proporción? Pues hay países desarrollados en que son los gobiernos locales los que más aportan, pero en México es el gobierno federal el que carga con la mayor parte del gasto. ¿Deberíamos invertir la proporción?
¿Dinero para quién y para qué?
¿Se puede gastar mejor en vez de gastar más? ¿Subsidios o estímulos fiscales? ¿Cómo involucrar a los sectores privado y social en el auspicio de becas e infraestructura? También preguntas abiertas.
Distopía 