(POLÍTICA • 11 AGOSTO 2009 – 7:30AM — MILENIO)
Aunque la crisis en el país se agrava, y pese a sus nimios resultados, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal estrena sede de lujo a un costo de 7.7 millones de dólares.
¿Cuál crisis? Cae el precio del petróleo, recortan el gasto público, aumentan los precios al consumidor, el desempleo está en un récord histórico, fracasa Procampo, aumentan los millones de pobres en el país y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) estrena sede: un edificio que compró en “7.7 millones de dólares estadunidenses” a la compañía farmacéutica inglesa Smith, Kline and French SA (Glaxo). Una ganga si se considera que el edificio está clasificado por el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) como una joya arquitectónica y se ubica en la dignísima colonia Florida, en la zona Coyoacán-San Ángel de la capital. Los argumentos para justificar su compra, que data de 2007, según fuente de la propia CDHDF, es que así se fortalece “su posición” como organismo público autónomo y los usuarios de sus servicios contarán con “instalaciones más dignas”.
LOS COSTOS DE LA DIGNIFICACIÓN
Esta dignificación implica el pago de “remodelación de interiores e infraestructura” por un monto total de “$76,578,032.70 USD 2’074,463.44” (sic) en la adjudicación directa “25/9” a favor de la empresa “G.A. Y A. Construcciones, SA de CV” (sic). La verdad no me queda claro cómo interpretar estos datos o si hay un error en las cifras, pero así lo publica la CDHDF en su portal de internet como facsímil de un documento validado por su Dirección General de Administración. De manera más clara se expresan otros montos menores correspondientes al mismo proceso de dignificación de instalaciones, que son 3.4 millones de pesos en “construcción de cubos de elevadores y escaleras”, 563 mil 500 pesos por la supervisión de la obra, 327 mil 474 por “inspección y asesoría”, 218 mil 500 para quien gestionó las licencias y los permisos, 207 mil por la “señalización”, etcétera.
No obstante tanta dignificación de las instalaciones, no gozarán de ella las personas que acudan a las unidades desconcentradas de la CDHDF, es decir, las oficinas en distintos puntos de la ciudad, en las que se presta uno de cada cuatro servicios. En el caso de quienes acudan a la nueva sede a solicitar orientación o presentar una queja, sólo podrán disfrutar de algunos metros cuadrados de tan dignos espacios, pues la mayor parte quedará ocupada por los despachos del presidente, sus secretarios, asesores, administración y demás burocracia que no tiene trato directo con los peticionarios. De todos modos, sólo 43.8 por ciento del total de los servicios que proporciona en cuanto a quejas y orientación se realiza de manera personal, porque la mayoría se realiza principalmente por vía telefónica. ¿De qué les sirve a seis de cada 10 personas que llaman por teléfono a la CDHDF que tenga una nueva sede “ambientalmente responsable e incluyente”? Más valdría un buen call center (el ombudstel)…
EL AHORRO ES LA BASE DE LA FORTUNA
Si el cambio de sede queda justificado por la dignificación espacial a favor de los peticionarios, el costo de la compra queda moralmente avalado como el resultado de un “ahorro” de los presupuestos de la CDHDF que van de 2003 a 2008, con lo que se dejarán de pagar las rentas de varios edificios. Sin embargo, el presupuesto autorizado por la Asamblea Legislativa del DF a la CDHDF para el año presente es de 263 millones, superior al gasto del anterior, que fue de 251 millones. De modo que sigue incrementándose de manera constante el gasto, que hoy llega a más del doble del que ejerció en 2002, cuando fue de 129.8 millones.
¿Dónde queda entonces el ahorro? No irá de vuelta al bolsillo del contribuyente ni será reasignado por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del DF para algún programa social. El supuesto ahorro junto con toda la masa presupuestaria de la CDHDF viene destinándose a mantener nuevas áreas dentro de la estructura de la institución, que se han creado paulatinamente durante la gestión de su actual presidente, Emilio Álvarez Icaza Longoria, hasta llegar a casi el doble de las que había cuando inició. Sin contar a la Contraloría Interna, que es un área instituida en prácticamente todos los organismos públicos, cabe preguntar si realmente tiene caso o sentido tanto crecimiento: la lectura de los indicadores de gestión permite reconocer que hay duplicidad y —valga la expresión— triplicidad de funciones, ya que la CDHDF hace más o menos el mismo trabajo año tras año para los ciudadanos que acuden a ella.
En el año 2003 calificó como presuntamente violatorias de derechos humanos a cuatro mil 378 quejas de un total de cinco mil 452 que registró. En 2008 calificó a siete mil 211 de un total de 7 mil 814. El pico más alto en su gráfica de quejas corresponde al año 2005 en que se registraron nueve mil 347. El promedio anual de quejas atendidas en 15 años de actuacion es de siete mil 850. ¿Qué pasa con esas quejas? Quedan concluidas por cinco causas principales, equivalentes a 80 por ciento: “solución durante su tramitación”, “falta de interés” del peticionario “en la continuación”, por tratarse de hechos que en realidad no fueron violatorios de derechos humanos (sorpresas te da la vida), “orientación” al peticionario y “desistimiento” del peticionario. Hay otras quejas que se concluyen de algunos otros modos que no se mencionan en los informes anuales y, finalmente, unas cuantas llegan a conciliación o recomendación. Año tras año pasa lo mismo.
OBESIDAD EN TIEMPOS DE AUSTERIDAD
Para este rendimiento institucional el contribuyente tiene que mantener actualmente a una estructura de 662 plazas con 188 puestos de mando, 13 de ellos clasificados como “personal de honorarios”. De modo que, como en toda la administración pública, la mayor parte del gasto se destina a servicios personales, que son los relativos al pago de nómina. En este capítulo, el gasto de la CDHDF en 2003 fue de 119.9 millones y en 2008 llegó a 202.5 millones, que incluye los salarios brutos de los altos mandos, que van de 38 mil a 113 mil pesos mensuales, más prestaciones como seguro de gastos médicos mayores. Además se pagan numerosas adjudicaciones directas y honorarios por concepto de asesoría externa, que van de 20 mil a 50 mil pesos. La pregunta que ronda, como dice Carmen Aristegui, es que si hasta julio de 2006 había dos visitadurías en la CDHDF y actualmente hay cuatro, ¿por qué se paga asesoría externa a una ex visitadora? A no ser que cuatro visitadores y todo su personal y recursos no puedan hacer lo que Pilar Noriega, infatigable defensora de los derechos de eperristas y ezetaelenistas. Lo mismo para el pago de asesorías externas a la ex directora de Comunicación Social, Irma Rosa Martínez, acaso porque el sucesor de ella ni siquiera ha obtenido su título de licenciatura. O el pago de asesoría para elaboración de manuales organizacionales, si además de la Dirección General de Administración cuenta con toda una Dirección Ejecutiva de Investigación y Desarrollo Institucional. Y siguen rondando las preguntas: ¿por qué tiene Consejería de Asuntos Jurídicos y encima paga asesorías jurídicas por fuera?
SÍNTOMAS DE UN MALESTAR
Lo expuesto anteriormente podría llevarnos a preguntar por la tasa de retorno de las comisiones de derechos humanos a la sociedad. Es decir, cuánto nos cuestan y qué recibimos a cambio, qué obtenemos y a qué costo: ¿valen más o menos de lo que nos cuestan? En justicia, la misma pregunta valdría para cualquier otro organismo público: tenemos una Secretaría de Educación que educa poco y mal; una Procuraduría de Justicia que imparte muy poca justicia; una Secretaría de Desarrollo Social que no ha podido con los retrocesos en el desarrollo. Y el mismo costo-beneficio puede medirse para el propio Estado mexicano. ¿Es su costo acorde a los resultados o nos queda a deber?
En cuanto al tema que nos ocupa, algunas voces cuestionan seriamente el trabajo de las comisiones. Por ejemplo, el profesor Nelson Vargas, en entrevista con Carlos Loret de Mola, solicitó a “Derechos Humanos” no intervenir, luego de identificar al secuestrador de su hija, “porque en muchas ocasiones defienden a bestias”. De acuerdo con su experiencia, considera que “los derechos humanos son para los humanos, no para las bestias; hacen que los juicios no se lleven a cabo”, dijo con referencia al audio de la negociación de un secuestro (MILENIO Diario, 29 de julio).
Por su parte, el director general de Derechos Humanos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Jaime Antonio López Portillo, señaló que los cárteles del narcotráfico se valen de las comisiones de derechos humanos, particularmente de la Nacional, para desprestigiar la labor del Ejército mediante la presentación de quejas por presuntas violaciones a sus derechos (MILENIO Diario, 23 de julio).
Otro cuestionamiento es en cuanto a su capacidad técnica o eficacia: por ejemplo, los peritajes de la Real Policía Montada de Canadá solicitados por la Procuraduría General de la República respecto al asesinato del periodista estadunidense Brad Will en Oaxaca, demuestran que las heridas de bala que causaron su muerte sólo pudieron ser causadas por los activistas de la APPO y no por elementos del gobierno local o afines, según se suponía con base en los reportes de la CNDH (MILENIO Diario, 29 de julio).
El colmo son los juicios o calificaciones que respecto a su trabajo hacen unos Ombudsman de otros. Por ejemplo, durante su gestión, Emilio Álvarez ha emprendido 44 viajes al extranjero hasta marzo de este año, “para consolidar relaciones” de la CDHDF con organismos y sistemas internacionales, pero ni siquiera las puede consolidar con los del país, según nos deja ver un desplegado titulado “Miente de nuevo Álvarez Icaza” firmado por 25 presidentes y procuradores de Derechos Humanos de los estados y nacional, en el que señalaron que la actitud del defeño hacia ellos es “violatoria de las garantías individuales” y “sólo conduce al debilitamiento de los organismos de derechos humanos en el país” (La Jornada, nueve de septiembre de 2003).
Y si dicen que defienden delincuentes, que obstaculizan la justicia, que sirven para poco, ¿por qué ocupan un papel tan destacado en la transición a la democracia y son, en conjunto, una de sus instituciones emblemáticas?
LEGITIMIDAD, DIVINO TESORO
El trabajo de la CDHDF como el de sus homólogas y el de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se desempeña en dos niveles: administrativo y político; el primero se dedica a la captación del grueso de quejas, su trámite o procesamiento hasta concluirlas; el segundo se desempeña en el ámbito de la opinión pública, especialmente con la constante presencia de su titular en los medios de comunicación para pronunciarse sobre uno u otro tema. Ambas están determinadas por su diseño institucional, por el cual su personalidad es autónoma, sus fines legítimos, su autoridad es carácter moral y sus medios de persuasión simbólicos.
En el plano administrativo, lo único que hacen singularmente las comisiones de derechos humanos es conocer de violaciones a los derechos humanos cometidas por las autoridades, y al respecto promover conciliaciones o recomendar el cese de ellas y la reparación del daño. Sus demás tareas, como actividades de educación o campañas de investigación, las hacen más bien numerosos organismos gubernamentales y legislativos, además de las que realizan organizaciones de la sociedad civil. Por eso la tasa de retorno es mucho más alta para la clase política que para el resto de la sociedad. El Ombudsman cumple con una condición inherente al desarrollo político en el que toda democracia que se precie de serlo debe tener instituciones confiables y autónomas que aseguren el alto aprecio que a los derechos humanos se les reconoce. Por otra, funciona como instancias de arbitraje en la disputa por la legitimidad entre las élites, o como mecanismos para la restitución o reparación de ella cuando hay una crisis política. Veamos algunos ejemplos.
Durante su gestión como secretario de Seguridad Pública del DF, Marcelo Ebrard recibió 10 recomendaciones de la CDHDF (plano administrativo) sin el menor daño para su carrera política. Sin embargo, tuvo que enfrentar una crisis, la de los linchamientos de agentes federales, que acabó por costarle el cargo. Luego, como jefe de Gobierno, urgió a la CDHDF para que le dirigiera una recomendación con motivo del genocidio en la discoteca New’s Divine. Bastó con aceptarla delante de los medios de comunicación (plano político) y asumir así su responsabilidad ética para que, como por arte de magia, se restituyera su legitimidad y el tema quedara fuera de la cobertura de la prensa y de la opinión pública. Ebrard, entrevistado por Ricardo Rocha para su programa Reporte 13, transmitido el 16 de julio de 2008, declaró respecto a la CDHDF: “Me parece muy importante que esta institución juegue un papel así cuando hay una crisis”. Sin el Ombudsman capitalino habría tenido que cargar con estas víctimas como Gustavo Díaz Ordaz con las de Tlatelolco.
De manera análoga, en un conflicto en el que se dirime la responsabilidad por los niños muertos o asesinados imprudencialmente en la guardería de Hermosillo, tanto el gobernador del estado de Sonora, Eduardo Bours, como el director del Instituto Mexicano de Seguro Social (IMSS), Daniel Karam, aseguran haber atendido cabalmente las recomendaciones que les ha dirigido la CNDH o estar prestos a hacerlo. Y así cada cual aleja de sus posibles escenarios en tiempos de crisis el de la renuncia, abrevando en el Ombudsman de un poquito de lo que menos gozan: legitimidad.
Distopía 