La infancia como mercancía sexual

E. Azaola y R. J. Estes (Coords.) La infancia como mercancía sexual. México, Canadá, Estados Unidos. Siglo XXI Editores y Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, 2003, México, 372 pp.

Con los objetivos de identificar la extensión y los patrones de la explotación sexual comercial de niños y niñas en México, Estados Unidos y Canadá, los modos de operar de las redes criminales y efectuar recomendaciones que puedan aprovechar las autoridades locales, nacionales y regionales para combatir este flagelo, La infancia como mercancía sexual contribuye al avance en el conocimiento del fenómeno para comprenderlo integralmente en los niveles local, nacional y regional en los países de América del Norte.

El proyecto de esta investigación data de junio de 1999, cuando Richard J. Estes, del Center for the Study of Youth Policy de la Universidad de Pennsylvania, visitó nuestro país y le propuso a Elena Azaola, del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), llevar a cabo el estudio de este fenómeno en México, y le pidió a Pierre Tremblay, del Centre International de Criminologie Caomparée de la Universidad de Montreal, hacer lo propio en Canadá. Cada uno de ellos coordinó un equipo de trabajo en su país con una metodología común que consistió preponderantemente en entrevistar a autoridades, víctimas y, en algunos casos, a victimarios. Esas pláticas se realizaron en un total de 27 ciudades: 17 de Estados Unidos, cuatro de Canadá y seis de México.

El capitulado se compone, en primer término, de un marco conceptual y metodológico explicado por Estes y Azaola. Posteriormente, hay un resumen del estudio de la explotación sexual comercial de niños y niñas en Estados Unidos, a cargo de Estes y Neil A. Warner. A continuación, se presenta el resumen del texto de Tremblay sobre las interacciones sociales de pedófilos canadienses. Luego, Azaola expone la situación general de la infancia en México, así como de los niños explotados en ambas fronteras del país. Complementariamente, Miguel Ángel Ruiz Torres describe las formas de la explotación sexual comercial de niños y niñas en Cancún y Acapulco. Por último, Ruiz Torres y Azaola efectúan las recomendaciones correspondientes. Incluye una amplia bibliografía y dos anexos, uno con la guía de entrevistas a grupos focales y otro que sintetiza algunos casos que sobre el tema se publicaron en diversos periódicos de nuestro país.

El libro inicia con información respecto de los mecanismos internacionales que los Estados han adoptado para prohibir la explotación sexual comercial de niños y niñas, los cuales responden a la expansión de esta actividad en países en vías de desarrollo a partir de los años setenta del siglo pasado, cuando el turismo se convirtió en un fenómeno en el que participan amplios sectores sociales. La Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada en 1989 por la Asamblea General de las Naciones Unidas y suscrita por todos los países, con excepción de Estados Unidos, establece, en su artículo 34, la obligación de los Estados Parte de tomar las medidas necesarias para proteger a los menores contra todas las formas de explotación y abusos sexuales.

A partir de entonces se han establecido nuevas medidas para enfrentar la explotación sexual comercial de niños y niñas. Entre ellas, la designación de un relator especial sobre la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía, quien reporta sobre casos específicos, realiza misiones a distintos países y elabora recomendaciones. El actual relator es Juan Miguel Petit. Su predecesora, Ofelia Calcetas-Santos, efectuó una visita a México y rindió un reporte sobre su misión, el cual es un referente importante en la investigación de Azaola.

La Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas propuso un Protocolo Opcional a la Convención sobre los Derechos del Niño con el fin de considerar a la explotación sexual comercial de niños y niñas como una ofensa criminal de carácter internacional, el cual entró en vigor en enero de 2002, luego de haber sido ratificado por 69 países, entre ellos México. Previamente, en 1996, se llevó a cabo en Estocolmo, Suecia, el Congreso Mundial en contra de la Explotación Comercial de Niños. Su declaración y agenda de acciones fueron suscritas por 122 países. El Segundo Congreso Mundial se llevó a cabo en Yokohama, Japón (2001), y 138 países suscribieron nuevos compromisos.

Sin embargo, los resultados no son alentadores. El Informe de la Oficina Internacional de los Derechos del Niño (IBCR, 1999) sobre las dimensiones internacionales de la explotación sexual comercial de niños y niñas asegura que las resoluciones y las recomendaciones del Congreso Mundial no pueden aplicarse en forma indistinta en todos los países, por lo que se requiere avanzar en los respectivos ámbitos nacionales. El UNICEF calcula que aproximadamente un millón de niños y niñas son explotados sexualmente en el sur de Asia y varios cientos de miles más en Europa, África y América Latina. El crimen organizado obtiene millonarias ganancias trasladando a pequeños y pequeñas de países en desarrollo a los del primer mundo para explotarlos como “trabajadores sexuales”.

La investigación comprueba que en la gran mayoría de las zonas de México donde se realiza el comercio sexual de adultos hay menores de edad en mayor o menor proporción. Asimismo, constata que la mayor parte de las mujeres que ejercen la prostitución en nuestro país efectúa esta actividad desde su minoría de edad. La pobreza es el factor más frecuentemente citado como causa de la explotación sexual comercial de niños y niñas, pero en los casos de Canadá y Estados Unidos los menores provienen de sectores que se involucran en esta actividad por otras causas, como la drogadicción y la violencia doméstica. Una de las conclusiones más importantes, porque disipa ideas infundadas, es que no se encontró evidencia de que un número importante de infantes mexicanos estén siendo explotados en Estados Unidos. Calculan los especialistas que allí las víctimas son de nacionalidad norteamericana en un 80 por ciento y el resto tiene documentos migratorios.

En ese país, el total de la población infantil victimada varía entre cien mil y medio millón, según informan diversas fuentes. De todos los abusos contra menores, 47 por ciento es cometido por miembros de su familia: padre, padrastro, tíos u otros miembros adultos varones. Sólo 4 por ciento es cometido por desconocidos. En la prostitución formal participa 55 por ciento de las niñas de la calle, que son controladas por proxenetas en 75 por ciento de los casos. El crimen organizado que tiene rutas de prostitución establecidas trafica dentro de la unión americana con 20 por ciento de los niños, niñas y adolescentes en esta situación, y 10 por ciento es objeto de tráfico internacional, trasladado mayoritariamente desde Asia.

Estes y Weiner recomiendan como prioritaria la prevención y aconsejan cambiar el enfoque de las agencias de procuración de justicia para que se concentren en la detención y el castigo de los proxenetas, traficantes y clientes, en vez de sólo dedicarse a la detención de las víctimas, como sucede actualmente. Complementaria-mente, señalan, deben incrementarse las sanciones a quienes cometen estos crímenes y aumentar el número de peritos en explotación sexual comercial de niños y niñas que colaboren con las autoridades.

La investigación hecha en Canadá se concentró en el fenómeno de los hebéfilos (adultos que les gustan los adolescentes). En este caso se detectó que tienen características por las que puede calificárseles como seductores o manipuladores. Se dirigen a menores varones que no son sus hijos y procuran el consentimiento de ellos para tener relaciones sexuales. Tremblay afirma que esta subcultura de hebéfilos es impulsada por el mercado, lo cual quiere decir que unos clientes dan referencias a otros y que los “protectores” son elegidos por los menores. Surge así una organización social de prostitución de adolescentes varones que frecuentan negocios que los atraen porque ahí conocen a los adultos.

Por otra parte, para los pedófilos (adultos que les gustan los niños) el mercado de la prostitución juvenil no les ofrece una “solución”, pues desean mantener relaciones únicas, personales, íntimas y duraderas, por lo cual se acercan a las familias en busca de víctimas. A la vez, por medio de Internet, crean y mantienen redes en las cuales comparten información y material pornográfico.

En el caso de México, no hay un registro único de los casos de maltrato y abuso sexual a niños ni tampoco existe obligación legal de las autoridades que conocen los casos para denunciarlos. Por eso, los datos existentes se refieren solamente a una parte de la magnitud del problema. La realidad que hoy rodea a los niños y niñas explotados, de acuerdo con el diagnóstico de Azaola, es el resultado del deterioro en sus condiciones y oportunidades de vida que se manifiesta en el desgaste del tejido social cuya capacidad para protegerlos se ha mermado.

Vinculada con la pobreza y la falta de oportunidades, con prácticas de dominación en las relaciones de género e intergeneracionales en todo el país, Ruiz Torres identifica a dos causas de la explotación sexual comercial de niños y niñas en las ciudades turísticas de Acapulco y Cancún:

a) La circulación de información entre grupos de adolescentes. Es decir, con frecuencia las menores llegan a establecimientos de sexoservicio por invitación de amigas suyas que trabajan en esos lugares, con las cuales tienen amplia interacción e identificación. El dinero que ahí obtienen les sirve de salida inmediata cuando su familia las rechaza o maltrata.
b) La inducción o coerción por parte de familiares, novios, esposos, patrones, padrotes o personas que poseen alguna autoridad sobre ellas.

Aunque la prostitución de menores se da en el contexto de vulnerabilidad de un entorno que provoca un desamparo aprendido de los abusos de poder, afirmar que las adolescentes carecen de autodeterminación o que no pueden tomar decisiones por su cuenta, sería un reduccionismo empobrecedor que no ayudaría a reconocer la complejidad del fenómeno.

Estas dos ciudades ejercen atracción para sexoturistas de otros países que demandan niños, niñas y adolescentes del orden de 800 a mil niños, niñas y adolescentes en Acapulco, y entre 600 y 700 en Cancún. Llama la atención que en estos puertos las leyes dejen de aplicarse en forma adecuada, debido a que forman parte de una cultura en la cual las relaciones entre niños y adultos no son censuradas, por lo que hay permisividad o tolerancia al respecto. Incluso los establecimientos situados en zonas de alto nivel, que obtienen grandes utilidades con la explotación sexual comercial de niños y niñas, gozan de la protección de los gobiernos municipales.

Azaola también señala que a las ciudades fronterizas llegan diariamente cientos de migrantes con el propósito de cruzar la frontera. En ellas se propician las condiciones que promueven y facilitan la explotación sexual de niños. Por ejemplo, los fines de semana llegan adultos provenientes de Estados Unidos para demandar servicios sexuales, motivados porque en nuestro país hay menos capacidad o voluntad para aplicar las leyes que deben proteger a los infantes.

En Ciudad Juárez y Tijuana, donde se realizó el estudio, uno de los factores que influye en la explotación sexual comercial de niños y niñas es la deserción escolar, tanto por la necesidad de que los menores trabajen como por la falta de escuelas en las colonias miserables de reciente creación, en las cuales los niños se quedan solos mientras sus madres (la mayoría solteras) trabajan dos turnos y el entorno es de violencia y narcotráfico, mientras que la sociedad local permanece insensible a su sufrimiento.

La segunda causa de muerte en Ciudad Juárez, después de la diabetes, es la violencia. Hay allí 750 menores que ejercen la prostitución. Paralelamente, de un total de 900 casos de violación denunciados de 1996 a 1999 en esta urbe, 60 por ciento era de menores de diez años de edad y fue el lugar de la República con mayor número de casos —cincuenta— de tráfico de niños durante este periodo. En Tijuana, de ocho mil niños, niñas y adolescentes que viven en la calle, 600 se prostituyen. Casi todos llegaron ahí de pequeños. Un dato indicador del incremento de esta actividad es que durante el año 2000 fueron reportados 2, 317 casos de niños y niñas entre diez y catorce años con enfermedades venéreas.

Estos niños sufrieron, desde muy pequeños, graves carencias que los colocaron en desventaja, lo que influyó para que fueran reclutados para el comercio sexual. Sufrieron rechazos, privaciones, abusos, humillaciones o todo a la vez, lo cual los dejó desposeídos del soporte afectivo, social y comunitario necesario para hacer frente a situaciones difíciles, circunstancias de las que se valen los explotadores para retenerlos. En algunos casos sufrieron previamente abusos sexuales por parte de familiares o de otras personas de su entorno sin que alguien tratara de protegerlos. En otros, los menores señalaron que la prostitución ha sido la única manera que han encontrado para sobrevivir.

La drogadicción es un problema presente en todos o casi todos los explotados. Aunado a ello, otra forma de maltrato es que los usan como burros para transportar droga. Otro elemento común es que los policías son padrotes, extorsionadores, violadores o padres que los abandonan. Ni uno solo de los menores entrevistados dijo que le gusta lo que hace. Todos expresaron sentir asco, vergüenza y tienen una imagen devaluada de ellos mismos. Anhelan otro tipo de vida y les gustaría tener oportunidades, poder estudiar y llegar a ser profesionistas. Sin embargo, observa Azaola, “otros ya no se permiten soñar, perdieron la esperanza y creen que morirán en la calle o en la cárcel. Viven con una tristeza profunda que adormecen con drogas”.

Por otra parte, en los municipios fronterizos del estado de Chiapas, también estudiados por Azaola, hay aproximadamente 600 menores explotadas. En esta región, la explotación sexual comercial de niños y niñas se efectúa en establecimientos comerciales, en lo que se conoce como zonas de tolerancia. En Tapachula, por ejemplo, se prostituyen aproximadamente 200 mujeres adultas y treinta menores; 90 por ciento de ellas proviene de Centroamérica y vive en una situación de semicautiverio. A diferencia de la propiedad legal de los esclavos, a ellas las retienen con la amenaza del uso de la violencia en un régimen de servidumbre a cuenta de deudas que les crean y nunca acaban de pagar.

Incluso se comprobó que hay “venta” de niñas por parte de sus propias familias, o de enganchadores a dueños de bares donde las prostituyen. Llama la atención que en esas comunidades esas prácticas sean vistas con aceptación o como parte de la vida cotidiana. Es como un orden social sobrepuesto al orden jurídico.

Las menores entrevistadas dijeron que su trabajo no es fácil ni les resulta agradable, pues con frecuencia son humilladas, maltratadas y golpeadas, y que les gustaría tener otro empleo. Estas formas de dominación no se utilizan en contra de cualquier sujeto social sino contra chicas pobres, menores de edad, inmigrantes e indocumentadas que se encuentran solas. Se trata de lo que se ha denominado como una de las nuevas formas de esclavitud, las cuales han surgido en el contexto de una ruptura del orden social que propicia la emergencia de la disponibilidad de personas en condiciones de cambio social.

Por último, se concluye que, a pesar de las diferencias culturales que existen en los tres países de Norteamérica, hay una coincidencia en la base del problema: las relaciones jerárquicas o de subordinación que se establecen a partir de las diferencias de género y edad. Los niños y las niñas que han abandonado sus hogares y han sido víctimas de distintas formas de abuso se encuentran más expuestos a ser reclutados por explotadores, en tanto que las localidades más propensas a que en ellas se extienda este fenómeno son aquellas que tienen bajos niveles de cohesión social, tales como zonas fronterizas, enclaves turísticos o puntos de embarque en los que hay población flotante masculina.

 

Anuncios