Constitución de la Ciudad de México, ¿para qué?

¿Qué vamos a ganar los habitantes de la Ciudad de México con su primera constitución política? El “derecho a la ciudad”, responden sus principales promotores, el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera y los notables que redactaron el borrador o proyecto que se pondrá en manos del congreso constituyente electo.

¿Pero qué es el “derecho a la ciudad”? Es una cosa bastante rara y complicada. En primer lugar, se trata de un derecho colectivo, de todos los habitantes en conjunto; en segundo, es como un muégano de derechos económicos, políticos, sociales y culturales, que apuntan, para decirlo llanamente, a que la ciudad debe estar para el disfrute de la gente más que para negocios privados. Y tercero, es complicado defender, garantizar y promover un derecho de ese tipo ni aunque esté en una constitución.

Desde 2010 este “derecho a la ciudad” forma parte de la agenda del gobierno capitalino, cuando Marcelo Ebrard se promovía como el mejor alcalde del mundo. La idea es, de primera instancia, plausible como criterio para orientar la planeación de las políticas públicas: una distribución incluyente, solidaria y equitativa del territorio, así como de los bienes, servicios y oportunidades entre los residentes, visitantes y usuarios de la ciudad.

Sin embargo, seis años después, lo que se constata es el predominio de los intereses de las inmobiliarias debido a corrupción, falta de capacidades de las autoridades, legislación ambigua o fallos judiciales inocuos. Se observa también la creciente polución del aire por erradas políticas ambientales y de movilidad, y que la garantía del derecho al agua en muchas colonias pobres equivale a que, mecanismo clientelar de por medio, se les manden pipas para llenar cubetas. ¿Qué nos permite suponer que estas cosas cambiarán definitivamente cuando el derecho a la ciudad esté en una constitución? Realmente nada.

Junto con el derecho a la ciudad viene un gran arcón de derechos políticos: revocación de mandato, plebiscito y referéndum, consulta popular, iniciativa ciudadana y varios otros que serán efectivos para la ciudadanía en cuanto a democracia directa y participación social, sobre todo porque formarán parte de las nuevas reglas para la competencia entre partidos políticos, facciones y dirigentes.

Al frente de los notables encargados de redactar el borrador de la nueva constitución, Porfirio Muñoz Ledo ha dado su palabra de que no existe el menor riesgo de que se menoscabe cualquiera de los derechos actualmente vigentes y por los que se considera que la Ciudad de México es la entidad más progresista del país (interrupción del embarazo, matrimonio igualitario, pensión universal para adultos mayores, etcétera). Derechos que ya están, pues, pero que son tan buenos que merecen estar con todas sus letras en una carta magna. No solo eso, héroe de mil batallas por la democracia, don Porfirio nos garantiza que será la primera constitución “antineoliberal del siglo xxi”.

En los hechos, el concepto antineoliberal quedará asumido en una enorme lista de derechos, resultado de agregar las propuestas de numerosos sujetos progresistas que representan alguna buena causa o al menos alguna buena idea, que pueden ir desde el derecho a la felicidad hasta el derecho a no ser pobre. A mayor cantidad de derechos consignados en la constitución, mayor prueba de su carácter progresista y antineoliberal.

Existe ya una asamblea legislativa o congreso local que mucho nos cuesta. Sin embargo, para mayor honor de una constitución antineoliberal, los partidos políticos y los gobiernos local y federal decidieron crear, además, un congreso constituyente. Si bien los notables –que concluyen su labor en junio al entregar el “proyecto de constitución”– y los constituyentes electos y por designación, que entrarán en funciones en septiembre, no cobrarán por su labor histórica, los gastos operativos –como los de papeleo y asesoría técnica– sí representan una cuantiosa cantidad de recursos financieros, los cuales no estuvieron previstos cuando se aprobó el presupuesto para la Ciudad de México. Se calcula que habrán de sufragarse de algún recorte no identificado o ingreso extraordinario (El Economista, 28 de enero de 2016).

En efecto, puesto que lo bueno cuesta, el Instituto Nacional Electoral entregó a los partidos 101.5 millones para los gastos de sus campañas, sin contar los cuatrocientos que se destinarán a la “organización” de las mismas. También habrá que sumar los millones que desde 2013 recibe del presupuesto de la Jefatura de Gobierno la oficina de don Porfirio, que ha sido la Coordinación General de la Unidad para la Reforma Política del Distrito Federal, homóloga a una dirección general. ¿A cuánto ascenderá el total de los gastos de constitucionalizar los derechos de los capitalinos? Es un dato incierto todavía.

Lo que sí es calculable es el usufructo del presupuesto anual para la Ciudad de México a beneficio de las dirigencias partidistas. Esto, del siguiente modo: los constituyentes tienen previsto modificar las demarcaciones territoriales para pasar de dieciséis delegaciones a “treinta o más” ayuntamientos, de acuerdo con el senador Alejandro Encinas (Foro “La Ciudad de México: de la reforma política a la ciudad para todos”, Senado de la República, 25 de febrero de 2016). O, conforme al criterio de Muñoz Ledo, de que no haya demarcaciones con una población mayor a 500 mil habitantes (El País, 23 de marzo de 2016). Esto significa que después de 2018 la Ciudad de México podría tener hasta cincuenta nuevas demarcaciones. Algo muy europeo, dicen. Puesto que cada ayuntamiento tendrá un órgano de gobierno constituido por un alcalde y al menos diez concejales o hasta quince, habría un considerable aumento en el gasto solo en este rubro, sin contar los costos que representarían nuevos titulares de áreas de comunicación, jurídico, obras, etcétera, además de asesores, secretarios y más.  Según cálculos del líder morenista Martí Batres, estas burocracias pueden llegar a costar alrededor de 5 mil millones anuales (El Economista, 28 de enero de 2016).

“Es una reforma de políticos para políticos”, dijo acertadamente la senadora panista Gabriela Cuevas, exdelegada y con aspiraciones jefaturales citamexinas. Votó a favor, por supuesto (La Jornada, 29 de abril de 2015). De hecho, para partidos como el Revolucionario Institucional y el Verde Ecologista de México, de capa caída en la Ciudad de México, todo es ganancia. En la nueva composición federativa, aprobar derechos es lo de menos ante el escenario de un nuevo arreglo de oportunidades para cuotas y espacios de poder (y negocios).

comision-redactora

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